Violencia Institucional y magisterio

19 de diciembre de 2014

Enrique Toledo/ Especialista en Asuntos de Desarrollo y Director Ejecutivo de la Sociedad Sinergia

Las condiciones de los maestros de Puerto Rico son intolerables. Posiblemente ejercer el magisterio, ahora mismo, significa una violación al derecho a la dignidad o la integridad psíquica, física y social de los maestros. Pensará usted que estoy exagerando. Empero, la información recopilada a través de datos presupuestarios, económicos y testimonios de colegas maestros muestran un cuadro de marcada violencia institucional (o violencia invisible que va degradando y desvalorizando psíquica, económica y socialmente a personas o sectores sociales mediante políticas públicas, acciones y prácticas administrativas, legislaciones y discursos oficiales).

El Departamento de Educación recibe un presupuesto total de $3,409 millones; $2,041 millones (o el 60%) provienen del presupuesto estatal, lo que representa 21% del fondo general; $1,225 millones, o el 36%, provienen de fondos federales. El resto (4%) proviene de otros fondos. Si hiciéramos una matemática sencilla y tomáramos la actual cantidad de maestros en el sistema público, actualmente 29,897, y los dividiéramos por el presupuesto total de la agencia, el sueldo de un maestro sería de $114,024. Pero su sueldo base real anual es de $21,600 (incluyendo aportaciones patronales al seguro médico y retiro fluctuaría en unos $23,600). Ese sueldo representaría entre 18%-21% del gasto total de Educación.

Ese mismo sueldo, el mismo desde hace seis años, se ha visto reducido por una tasa de inflación acumulada de 14.6%. El poder de compra del salario del maestro se ha reducido a $18,447 anuales. Si añadimos las aportaciones a su sistema de retiro (11%) y de salud (10%) su ingreso neto se reduciría a $14,573. Trabajando alrededor de 42 semanas anuales, diariamente recibirían un sueldo de $69.40. Esto significa que su sueldo neto por hora sería de $8.61. Empero, los maestros no solamente no trabajan ocho horas, sino que ahora mismo están trabajando intensamente más.

El Departamento de Educación redujo la población magisterial en un 14.3% cuando la matricula estudiantil bajó solo un 5%. El año pasado un maestro podía tener un máximo de 20 estudiantes por salón. Este año se impuso 30 y el año que viene es 35 estudiantes. Los maestros no solo imparten educación, tienen la responsabilidad de: evaluar a sus estudiantes, llenar informes escritos y electrónicos mandatorios, hacer planes de estudios para sus diferentes salones, dar referidos de estudiantes a trabajadores sociales y consejeros, realizar acomodos razonables, organizar su salón hogar, atender reuniones de casos de estudiantes especiales, rendir planes escritos diarios y semanales a Educación, recibir a padres, ofrecer las Pruebas Puertorriqueñas y, ahora, las del College Board, y, finalmente, cumplir y hacer los nuevos mapas curriculares. Todo bajo un ambiente hostil de diferentes tipos de amenazas, a veces por estudiantes, padres, facilitadores o directores o el miedo al despido.

Esto sin aumento de sueldo por seis años, sin materiales educativos, con más exigencias de Educación, con una baja del 40% de su bono de Navidad, con sectores sociales que degradan su trabajo (llamándolos incompetentes e irresponsables). Pero trabajan, como mínimo, 10 horas, porque un maestro no termina su trabajo en la escuela, sino en su casa, sin cobrar horas extras. Esto significa que su salario neto real por hora promedio, trabajando 10 horas, estaría por debajo del mínimo o $6.94. Y, añadido a esto, muchos maestros tienen trabajos extracurriculares con sus estudiantes sin paga, organizando círculos de arte y ciencia, pintando sus salones de clase, comprando (con su sueldo) materiales educativos, entre otros. El compromiso del maestro con su profesión es invaluable socialmente porque es para toda la sociedad.

Estas condiciones de violencia institucional están desmoralizando al magisterio y disminuyendo dramáticamente su desempeño, afectando a los sectores menos favorecidos socialmente, lo que, a su vez, aumenta la desigualdad, la marginación y el resentimiento social por la degradación de la educación pública. La situación de sobreendeudamiento está aumentando la violencia institucional, empobreciendo a la gente y violentando sus derechos; todo por mantener una burocracia clientelista-rentista y las tasas de ganancias del capital financiero.

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