ROBESPIERRE Y LOS ADULTOS PROFESIONALES

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ROBESPIERRE Y LOS ADULTOS PROFESIONALES

Por Efraín Suárez Arce (Dedicado a AC King)

> Pintura: “Young Woman Thrown for the Lions” de Valdemar Irminger <<

Maximilien de Robespierre era uno de los más prominentes líderes de la Revolución francesa. Entre 1793 y 1794, lideró el denominado “Reinado del Terror”, durante el cual sumergió al país en un período de persecuciones políticas, incertidumbre, temor generalizado y constantes ejecuciones por traición, sedición, conspiración, entre muchos otros crímenes. Robespierre estaba decidido a usar la Guillotina para purificar a Francia de cualquier opositor a la Revolución. Se estima que unas 1119 personas fueron llevadas a la Guillotina en la Plaza de la Concordia durante la Revolución Francesa. ¿Cómo termino Robespierre? arrestado y guillotinado el 28 de julio de 1794 junto a veintiún de sus seguidores.

2018 – Gritar “MALTRATO” es el arma perfecta para poner a todos los adultos a correr en una escuela.

Adultos profesionales corren a tomarle dictado al estudiante sin sopesar su historial de conducta, sus notas u otras motivaciones personales.

La página 3 de la Carta Circular 11-2015-2016 dice que una situación de maltrato institucional puede ser identificada mediante “verbalización por parte del estudiante” o “confidencias de compañeros, amigos, familiares, conocidos o vecinos de que existe la sospecha de maltrato.”

Esto nos presenta un escenario donde cualquier chisme desatado contra un maestro puede ser convertido en una alegación de maltrato independientemente de cuán creíble sea la alegación de maltrato. Ahora si sumamos a esto un adulto profesional que en lugar de cuestionar está tomando dictado…

Muchas de estos adultos profesionales leen que el Artículo 21 de la Ley 246 indica que “toda persona está obligada a informar inmediatamente…” pero no leen la oración completa que dice “Toda persona está obligada a informar inmediatamente aquellos casos donde exista o se sospeche que existe una situación de maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional.”

En otras palabras si una persona informa, es porque esa persona tiene razón para entender o sospechar que hay una situación de maltrato. Esto en ingles se llama “reasonable cause.”

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Largo y tenebroso va a ser el camino del adulto profesional que al ser confrontado luego no puede deletrear en que consistió su entendimiento o su sospecha.

Oh, claro… es bien fácil citar el artículo 21: “(la) información ofrecida de buena fe por cualquier persona… de las obligadas a ofrecer información sobre situaciones de maltrato… no podrá ser utilizada en su contra en ninguna acción civil o criminal que pudiera ser promovida a consecuencia de dicho acto.”

Es importante tener en cuenta las palabras  “información ofrecida de buena fe” porque lo opuesto a “buena fe” es “malicia real”. Un adulto profesional no puede simplemente tomarle dictado a un menor, lanzar a un maestro a los leones con un referido y luego dar media vuelta y decir que eso fue una actuación u omisión incurrido de buena fe, dentro del marco de sus funciones y que no hubo malicia, irrazonabilidad, negligencia inexcusable, capricho, arbitrariedad o intención de causar daño a otra persona.

Estos adultos profesionales citan el Articulo 56: “Cualquier persona, funcionario o institución pública o privada obligada a suministrar información y que voluntariamente y a sabiendas deje de cumplir dicha obligación…incurrirá en delito grave de cuarto grado”

Es bien fácil decir “Yo no soy el que investiga”, “Mi licencia está en juego”, “yo hice mi trabajo” o “yo soy padre primero”, .pero hay que detenerse a pensar: la obligación que tiene el adulto profesional es de referir cuando hay una razón para pensar que las alegaciones son ciertas o pudieran ser ciertas.

NINGUNA ley te puede obligar a hacer una querella y afirmar algo que no es cierto y no olvidemos lo que dice el Artículo 7; “IDENTIFICAR e informar”. Si hiciste el referido es porque tienes una razón para entender o sospechar que hay una situación de maltrato.

Si no es así, ¿Por qué en la página 4 de la Carta Circular 11-2015-2016 dice que “La persona que identifique (alguna señal de una alegación de maltrato) solicitará asesoría a los especialistas de la conducta humana (trabajo social o consejero escolar) de la escuela”? ¿Por qué la página 5 de esta misma Carta Circular define la negligencia institucional como “No investigar situaciones expresadas por el estudiante”?

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Vamos a dejar volar la imaginación por un momento: Un adulto profesional (A) hace un referido contra adulto profesional (B) porque entiende o sospecha que (B) ha cometido actos que constituyen maltrato. Si no hay entendimiento u sospecha y (A) dice, “lo hice porque el estudiante me lo dijo”, ya esto se ve feo para la foto. Si (B) logra sobrevivir el ser lanzado a los leones, entiéndase referido a los procesos investigativos y administrativos de La Unidad de investigación de Querellas Administrativas adscrita a la División Legal del Departamento de Educación (cuya finalidad es su despido)  y la Unidad de Maltrato Institucional del Departamento de la Familia (cuya finalidad es marcarlo públicamente como maltratante)… pasamos a la parte donde (A) piensa que alguien lo va a proteger de lo que viene después. Hmmm

Hay algo que se llama Ley Núm. 104 de 1955, conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado. Esto protege a funcionarios públicos de ser demandados en su plano personal… excepto a aquellos actos u omisiones de funcionarios o empleados que constituyan delito intencional o mala fe. Si el funcionario (A) no está de acuerdo, este puede solicitar una Vista Informal donde la Agencia no tiene que presentar prueba para sustentar su posición y el Oficial Examinador es seleccionado por la misma Agencia…

STOP!

Ese es el mismo estilo de vista – vista informal – donde la Agencia no tiene que presentar prueba para sustentar su posición, el acusado no puede confrontar ni impugnar la prueba en su contra y el Oficial Examinador es seleccionado por la misma Agencia – a donde (A) envió a (B)…

 

¿Cómo termino Robespierre?

 

 

 

 

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UN MAESTRO FRENTE A LA DIVISION LEGAL: ¿HAS JUGADO “CUPHEAD”?

UN MAESTRO FRENTE A LA DIVISION LEGAL: ¿HAS JUGADO “CUPHEAD”?
Por Efraín Suárez Arce
Cuphead es un videojuego que se caracteriza por su bello estilo gráfico inspirado en las caricaturas de los años 30. En este videojuego, el protagonista Cuphead debe derrotar a varias criaturas para poder saldar una deuda que tiene pendiente…

 

Nuestro Departamento de Educación  ha desarrollado un enfoque “legalista” basado en precedentes legales como el caso Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez  y el caso federal Cleveland Board of Education v. Loudermill. Ellos reciben un referido de una alegada situación contra un maestro. Ellos parten inmediatamente de la premisa de que se ha cometido una falta y se buscan pruebas y declaraciones juradas para sostener una presunción de culpabilidad. Se toman declaraciones juradas sobre unos relatos estrambóticos y exagerados de unos alegados acontecimientos que son difíciles de visualizar e imposibles de probar sin evaluar los hechos.

Pero ellos saben que no tienen que probar nada. Ellos saben que en la vista INFORMAL ellos solo tienen que presentar la “evidencia” el cual en la primera vista no se puede confrontar ni impugnar.

En esta vista se le provee al querellado la oportunidad de dar su versión de lo sucedido. O sea el maestro tiene derecho a ir a la vista a decir que todo es embuste. Pero como no puede confrontar ni impugnar la “evidencia” que tiene el patrono se presume automáticamente que todo lo que tienen es completamente cierto.

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Una vez que el Oficial Examinador (quien es también seleccionado, contratado y pagado por el patrono que te quien te quiere despedir) determine que quizás tal vez pudo haber pasado por la cantidad de prueba en contra del maestro…. TE BOTAN COMO BOLSA… ENTONCES… Entonces luego de tu destitución… o sea DESPUES DE QUE TE BOTAN tienes derecho a solicitar una vista FORMAL donde tendrás derecho a confrontar e impugnar prueba. El próximo capítulo en este relajo es el cómo pagar un litigio sin tener empleo, como conseguir trabajado después de que te boten, preguntarse de que vale seguir peleando si terminas perdiendo la casa y el auto y entonces morir de cansancio detrás de la Comisión Apelativa para la vista formal… Y aquí pasan años y años y años… COMO JUGANDO EL JUEGO ELECTRONICO “CUPHEAD” 

 

ES INTERESANTE NOTAR QUE…

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Es interesante mencionar que según Proverbios 6:16-19 entre las cosas que el Señor aborrece están los corazones que maquinan pensamientos perversos, los pies que corren a hacer el mal, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.

Aquel que lanza a un maestro a los leones pensando que quedara protegido por la presunción de “buena fe” que está en la Ley 246 quedara atónito y perplejo cuando escuche por primera vez las palabras “malicia real”.

 

Cuando Suarez comienza a leer…

 

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ABOLUTE PIN: ANNOTACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUACION DE PUERTO RICO

Prof. Efraín Suárez Arce

NOTA: En el ajedrez, una clavada absoluta (en inglés, “Absolute Pin” es una situación en la cual una pieza no puede moverse sin exponer a otra pieza de su color y de mayor valor a ser capturada.

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Un día me senté a leer el Articulo XVI de nuestro Convenio Colectivo del 2016, “PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS”, el Reglamento 5733 de Procedimientos Adjudicativos Formales de 1997, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). y ahora estoy convencido que el procedimiento adjudicativo del Departamento de Educación es una farsa diseñada para destituir maestros

 

Veamos…

 

Comencemos con el Articulo XVI del Convenio Colectivo de los Maestros de Puerto Rico del 2016, “PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS”.

La Sección 16.01 dice que los casos que puedan conllevar sanciones disciplinarias “se notificaran…no más tarde de noventa (90) días calendarios siguientes a la fecha en que el Secretario de Educación reciba el informe del Oficial Examinador.”

Entonces hipotéticamente, la Oficina de Investigación de Querellas Administrativas puede, una vez concluida su investigación, para el cual no tiene fecha límite, puede tardar de 2 o 3 años en entregar su informe al Secretario del Departamento de Educación y una vez que el informe llegue a manos de este, entonces el Secretario tiene noventa (90) días calendarios para notificar al maestro mediante carta certificada su intención de radicar cargos administrativos en su contra.

Una vez que le llega al maestro la Carta de Intención de Radicación de Cargos Administrativos, este tiene diez (10) días para solicitar una vista administrativa informal según establece la Sección 16.02 del Convenio Colectivo del 2016.

Podemos observar desde el principio de este proceso el tiempo que tiene el Departamento de Educación para preparar un caso contra el maestro y el tiempo que tiene el maestro para preparar su defensa.

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En la Carta de Intención de Radicación de Cargos Administrativos se menciona algo que se llama “Caratini v. Rodríguez”. También se menciona algo que se llama “Cleveland v. Loudermill”.

Esto se refiere a una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 1995 en el caso de Lucas Marrero Caratini vs Enrique Rodríguez Rodríguez.

Esta decisión buscaba contestar a pregunta de si un empleado público tiene derecho a obtener todos los documentos, declaraciones o cualquier evidencia que haya servido de base para las imputaciones hechas antes de una vista administrativa informal sobre terminación de empleo, luego de ser avisado por la agencia de su intención de destituírle de su cargo.

En este caso la agencia se negó a entregar la documentación solicitada fundamentando su posición en la naturaleza informal de la vista, la posterior salvaguarda procesal consistente en el derecho a solicitar y obtener una vista formal, y la interferencia indebida con la prerrogativa del Estado de destituir y tomar todas las medidas pertinentes para proteger los intereses del mismo.

Luego de varios incidentes procesales, Marrero Caratini acudió al Tribunal Superior, Sala de San Juan, (Hon. Arnaldo López Rodríguez, Juez), el cual ordenó a la agencia pública a entregar al señor Marrero Caratini cualquier información y documentos que dieron base a la agencia para justificar la destitución.

La sentencia de 23 de abril de 1990 del Hon. Arnaldo López Rodríguez en el caso Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, Civil Núm. K-PE-90-0409(904), págs. 45 dice que:

“La sección 3.8 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone que en aquellos casos en que el procedimiento de adjudicación sea promovido a iniciativa de la agencia, como el presente caso, se le deberá garantizar al querellado el derecho al mecanismo de descubrimiento de prueba.

“Teniendo derecho el demandante al descubrimiento de prueba en el proceso administrativo, los criterios que regirán para la utilización de los mismos serán los dispuestos en la Regla 23 de las de Procedimiento Civil. Determinamos que la utilización de los diferentes mecanismos de descubrimiento de pruebas deben de estar disponibles tanto en la etapa inicial de la vista informal para escuchar la posición del querellado o sea la ‘vista Cleveland v. Loudermill’, como en la vista formal. ¿Cómo puede el empleado presentar su versión de los hechos en la vista informal si se le deniega aquella información que dio base precisamente para la formulación de cargos? Lo determinante no es la naturaleza de la vista sino el inicio del procedimiento de destitución, el que comienza con la notificación de cargos que se le formulan al éste solicitar la vista informal, desde ese momento quedó trabada la controversia.”

De esta sentencia del tribunal de instancia acude ante el Tribunal Supremo de puerto rico el Procurador General de la agencia con un Recurso de revisión. Este sostiene que bajo el estado de derecho vigente la agencia sólo tiene “que proveer al empleado [público] una notificación de los cargos administrativos contra él, una explicación de la evidencia que posee el patrono y una oportunidad para que el empleado exponga su posición”.

Por su parte, el señor Marrero Caratini sostiene que bajo el debido proceso de ley y la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos él tiene un derecho de información sobre toda la prueba que el Estado tiene en su poder previo a una vista informal de despido.

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Nuestro más alto foro planteo la pregunta: ¿tiene el empleado público derecho a una vista formal previa antes de ser destituido sumariamente? y con contesto que NO. Según la sentencia, en el caso de Cleveland Board of Education v. Loudermill, supra, pág. 542, el Tribunal Supremo federal indicó que lo único que garantiza el debido proceso de ley es algún tipo de vista (some kind of hearing) antes de proceder a despedir a un empleado.

 

El Tribunal supremo federal establece un balance entre el interés del empleado público de retener su empleo y no ser despedido sin una oportunidad de ser oído, y los intereses y prerrogativas del Estado de destituir a empleados que considere un riesgo para el buen funcionamiento del Gobierno.

El Tribunal supremo de Puerto Rico Concurre con el señalamiento de la agencia de que para lograr ese balance, todo lo que hay que proveer al empleado bajo la doctrina establecida por Cleveland Bd. of Educ. v. Loudermill, supra, es:

1)    una notificación, por escrito, de los cargos administrativos contra él,

2)     una descripción de la prueba que posee el patrono, y

3)    una oportunidad para que el empleado exprese su versión de lo sucedido.

“La vista no debe ser compleja, complicada, extensa o formal.” (Énfasis suprimido.) Torres Solano v. P.R.T.C., supra, pág. 527.

Según Caratini v. Rodríguez, la vista informal tipo Cleveland Bd. of Educ. v. Loudermill, supra, llamado “Loudermill hearing” es el primer escalón procesal en el cual ambas partes expresarán en una manera informal los cargos y posibles defensas que podrán ser utilizadas posteriormente ante el foro apelativo correspondiente, en este caso la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P.).

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico estableció este foro apelativo mediante el cual el empleado perjudicado por alguna acción administrativa tiene la opción de impugnar tal determinación.

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El problema es que para que para que el empleado pueda presentarse ante el foro apelativo, donde tendrá finalmente el derecho a confrontar e impugnar la evidencia recopilada en su contra primero debe ser perjudicado por la acción administrativa de la agencia.

En otras palabras, para que te puedas defender primero te tienen que botar.

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“Será en esta vista evidenciaria formal, posterior a la destitución, cuando el señor Marrero Caratini tendrá derecho a examinar y presentar toda la prueba pertinente para validar su planteamiento y refutar la que se ofreció por el Estado. No obstante, la vista ofrecida en el caso ante nos es una de índole informal. No es una vista evidenciaria, por lo que el demandante-recurrido no tiene derecho a descubrir la prueba en que se fundamenta la acción de destitución contemplada.” Caratini v. Rodriguez

“En síntesis, Cleveland Board of Education v. Loudermill, supra, exige (darle al empleado) la oportunidad de una vista informal para que presente su versión de los hechos (an opportunity to present his side of the story)… No tiene que ser una vista evidenciaria completa (full evidenciary hearing), sino algo menor (something less). Tampoco tiene que resolver definitivamente la propiedad del despido, sino más bien servir como un cotejo inicial que evita la toma de decisiones erróneas o determinación de base razonable de veracidad de los cargos que sostendrán el despido. Después de esa vista informal podrá decretarse el despido, sujeto siempre a la celebración de una vista formal posterior que cumpla con todos los requisitos del debido proceso de ley.” Opinión disidente del Juez Asociado Señor Negrón García certificada en Carrón Lamoutte v. Compañía de Turismo, 130 D.P.R. 70, 93 (1992)

“El carácter informal de la vista previa al despido persigue establecer un justo balance entre el interés del empleado en la retención de su puesto y el interés del Estado en que el despido se efectúe rápidamente cuando sea meritorio.” Véanse L.B. Howard, Cleveland Board of Education v. Loudermill Procedural Due Process Protection for Public Employees, 47 Ohio St. L.J. 1115 (1986); K.M. Murchison, 1986 Local Government Law, 48 La. L. Rev. 303 (1987).

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¿Dónde está la lógica aquí? ¿Quién le responde al empleado por los daños económicos, danos emocionales y angustias mentales que sufrirá en este proceso donde el patrono lo bota y luego lo deja defenderse?

El Tribunal Supremo de los estados Unidos ha reconocido en varias ocasiones la severidad de privar a una persona de su medio de sustento. Vease Fusari v. Steinberg, 419 U.S. 379, 389 (1975); Bell v. Burson, supra, at 539; Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254, 264 (1970); Sniadach v. Family Finance Corp., 395 U.S. 337, 340 (1969).

Aunque un empleado despedido puede encontrar otro empleo, esto va tomar un tiempo y será complicado por las circunstancias cuestionables en que abandonó su empleo previo. Vease Lefkowitz v. Turley, 414 U.S. 70, 83 -84 (1973).

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Leamos esto nuevamente de Cleveland v. Laudermill:

The governmental interest in immediate termination does not outweigh these interests. As we shall explain, affording the employee an opportunity to respond prior to termination would impose neither a significant administrative burden nor intolerable delays. Furthermore, the employer shares the employee’s interest in avoiding disruption and erroneous decisions; and until the matter is settled, the employer would continue to receive the benefit of the employee’s labors. It is preferable to keep a qualified employee on than to train a new one. A governmental employer also has an interest in keeping citizens usefully employed rather than taking the possibly erroneous and counterproductive step of forcing its employees onto the welfare rolls. Finally, in those situations where the employer perceives a significant hazard in [470 U.S. 532, 545] keeping the employee on the job, it can avoid the problem by suspending with pay.

(enfasis suplido, http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/470/532.html#t* )

Debemos notar que el caso de Laudermill fue unido  con otro caso donde el  Departamento de Educación de Parma, Ohio despidió a Charles Donelly de su trabajo como mecánico [470 U.S. 532, 533] porque había reprobado un examen ocular. Donelly apelo a la Comisión de Servicio Civil, quienes ordenaron su reincorporación, pero sin pago retroactivo. Luego presentó una demanda en el Tribunal Federal de Distrito en esencia idéntica a la de James Loudermill, y el tribunal la desestimo por no haber presentado un reclamo. En un recurso consolidado, el Tribunal de Apelaciones revocó en parte y archivó en parte, sosteniendo que tanto Donelly como Loudermill habían sido privados del debido proceso de ley y que el interés privado apremiante en retener el empleo, combinado con el valor de presentar evidencia antes del despido, superaba el peso carga administrativo de una audiencia de preterminación (vista informal o “Loudermill hearing”). Pero con respecto a la supuesta privación de libertad y propiedad por la espera de 9 meses de Loudermill por una decisión administrativa, el tribunal confirmó al Tribunal de Distrito, al no encontrar ninguna violación constitucional.

Fed. Rule Civ. Proc. 12(b)(6) held that because the very statute that created the property right in continued employment also specified the procedures for discharge, and because those procedures were followed, Loudermill was, by definition, afforded all the process due. The post-termination hearing also adequately protected Loudermill’s liberty interests. Finally, the District Court concluded that, in light of the Commission’s crowded docket, the delay in processing Loudermill’s administrative appeal was constitutionally acceptable. App. to Pet. for Cert. in No. 83-1362, pp. A36-A42.

Caratini v. Rodríguez establece las directrices en cuanto a las garantías del debido proceso de ley hacia los empleados a quienes se les impondrá alguna sanción disciplinaria. Para esto es suficiente con proveerle al empleado;

1)    una notificación, por escrito, de los cargos administrativos contra él,

2)    una descripción de la prueba que posee el patrono y

3)    una oportunidad para que el empleado exprese su versión de lo sucedido.

Para esto también se le concede al maestro una audiencia en los casos donde el maestro podría perder su empleo. Esto no significa que tenga derecho a una vista formal previo al despido, lo único que garantiza el debido proceso de ley es algún tipo de vista antes de proceder a despedir a un empleado.

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El que Caratini v. Rodríguez ponga en manos del patrono el que clase de vista va a tener el maestro objeto de la acción disciplinaria inclina la balanza a favor del patrono y sus propósito de despedir el maestro es algo que aclararemos más adelante.

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Inclusive, la Carta de Intención de Radicación de Cargos Administrativos incluye una lista de la prueba documental que el departamento de Educación tiene y que van a usar en su contra,  y ellos se reservan en esa misma carta por escrito el derecho de presentar prueba documental más adelante. (Estamos seguros que eso es completamente ilegal.)

Una vez el maestro solicita la vista administrativa informal, según la Sección 16.02, inciso (1) del Convenio Colectivo, este debe coordinar la INSPECCION de la prueba que el Departamento de Educación usara en su contra previo a la fecha de la vista. En otras palabras, el maestro puede ver, puede anotar pero no puede sacar copias. Esto dificulta grandemente el que el maestro pueda preparar su defensa.

Es importante notar en este punto que aunque Reglamento 5733 le da al maestro la oportunidad de ser escuchado y de brindar su versión de los hechos, el maestro NO tiene derecho a que se establecen procedimientos de descubrimiento de prueba, ni a que se celebre una vistas adversativas formal, ni le permite al maestro confrontar la prueba en su contra, ni está sujeta a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).

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La Sección 3.8, inciso (a) de la LPAU establece que “Los procedimientos de descubrimiento de prueba no serán de aplicación a los casos de adjudicación administrativa, a menos que se autoricen en los reglamentos de procedimiento de adjudicación de la agencia y así lo autorice el funcionario que presida el procedimiento adjudicativo…”

En otras palabras, el cómo y cuándo se va presentar que prueba lo va a determinar (Artículo 22, Sección 6 del Reglamento 5733) el Oficial Examinador designado por el Secretario de Educación (Articulo 14 del Reglamento 5733)…

 

El Articulo 12 del Reglamento 5733 establece que

En esencia la Vista Informal es el maestro parado solo con su abogado tratando de convencer a un Oficial Examinador designado por el Secretario de Educación (Articulo 14 del Reglamento 5733) que las alegaciones presentadas en su contra son falsos. Esto frente a otra abogada que representa al Departamento de Educación, quien está presentando la prueba recopilada por el Departamento de Educación en contra del maestro.

Esta prueba resulta ser incontrovertible por varias razones:

1)    Ni los adultos que han presentaron declaraciones escritas contra el maestro, ni los estudiantes que han presentado declaraciones escritas contra el maestro, ni el Director Escolar que radico los primeros cargos administrativos ni los investigadores de la División Legal del DE van a estar presentes durante la vista informal.

2)    Las declaraciones recopiladas por el Departamento de Educación no pueden ser ni confrontadas ni impugnadas por el maestro.

3)    Toda prueba presentada es incontrovertible en la medida en que no se permite a la persona acusada confrontar ni impugnar. En otras palabras, aun antes de que el maestro llegue a la vista informal, ya la balanza de la prueba está inclinado en su contra ya que el proceso presupone que las declaraciones recopiladas por los investigadores del DE son verdades absolutas

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Antes de explicar el porqué es indispensable para un maestro el poder confrontar e impugnar la prueba recopilada. Debemos señalar que al leer la Sección 3.1 de la LPAU y el Artículo 5 del Reglamento 5733, encontramos que en todo procedimiento adjudicativo formal ante la agencia se deben salvaguardar los siguientes derechos:

1)    PRESENTAR EVIDENCIA… según lo determine (Artículo 22, Sección 6) el Oficial Examinador designado por el Secretario de Educación (Articulo 14)…

Mientras tanto, aunque el Artículo 22 del Reglamento 5733 dice que el Departamento de Educacion suplirá COPIA de toda evidencia que tiene con anterioridad a la celebración de la vista informal … Esto no se hace porque la Sección 16.02, inciso (1) del Convenio Colectivo, habla de coordinar la INSPECCION de la prueba previo a la fecha de la vista.

Inclusive, como mencionamos antes, la División Legal del DE se reservan por escrito el derecho de presentar prueba documental más adelante. En otras palabras, ellos se reservan el derecho de hacer aparecer “pruebas adicionales” si ven que están perdiendo el caso.

 

2)    ADJUDICACIÓN IMPARCIAL… según lo determine (Artículo 22, Sección 6, Articulo 12), el Oficial Examinador designado por el Secretario de Educación (Articulo 14)

 

3)     BASADO EN EL EXPEDIENTE… Que no contendrá evidencia alguna hasta tanto la misma haya sido sometida formalmente… y no se considerara admitida hasta tanto esto no lo determine el Oficial Examinador designado por el Secretario de Educación (Articulo 14) en la conferencia con antelación a la vista o en la vista del caso en su fondo (Articulo 25).

 

A esto le añadimos que si por ejemplo el Articulo 12 del Reglamento 5733 (Descubrimiento De Prueba) explica que el maestro tiene derecho a solicitar todos los documentos que estén en poder de la otra parte con relación a la querella que se proponen a utilizar en el caso más la lista de testigos que comparecerán a testificar en la vista, esto resulta ser irrelevante porque ante el hecho de que la prueba que presenta el Departamento de Educación no puede ser confrontada ni impugnada, se presume que es cierto desde ante de la celebración de la vista.

También podemos decir, por ejemplo que los procedimientos y decisiones delo organismos administrativos gozan de una presunción de regularidad y corrección mientras no se produzca suficiente evidencia para derrotarla.[1] Y entonces hacer que la oración anterior sea irrelevante porque la prueba nunca podrá ser derrotada porque no puede ser confrontada ni cuestionada ni impugnada.

 

Lo mismo aplicaría a esto:

There is a “presumption of honesty and integrity in those serving as adjudicators,” [Schweiker v. McClure, 456 U.S. 188, 195 (1982); Withrow v. Larkin, 421 U.S. 35, 47 (1975); United States v. Morgan, 313 U.S. 409, 421 (1941)] so that the burden is on the objecting party to show a conflict of interest or some other specific reason for disqualification of a specific officer or for disapproval of the system. It is not, without more, a violation of due process to combine investigating and adjudicating functions in the same agency [Withrow v. Larkin, 421 U.S. 35 (1975)].

Caratini v. Rodriguez… basandose en Cleveland v. Loudermill dice que cuando una agencia va a suspender o despedir a un empleado, el Estado debe establecer unas garantías mínimas para evitar el riesgo de una decisión equivocada.

Esto es parte de un concepto que conocemos como “debido proceso de ley”.

El debido proceso de ley está recogido en la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, así como en la Quinta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Este derecho garantiza que los ciudadanos no perderán su libertad o su propiedad sin la oportunidad básica de ser oído.[2]

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expreso claramente en cuanto a la serie de garantías que conforman el debido proceso de ley, estos son: la concesión de una vista previa; una notificación oportuna y adecuada; el derecho a ser oído; el derecho a confrontarse con los testigos en su contra; a presentar prueba oral y escrita a su favor y, además, la presencia de un adjudicador imparcial. López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, supra, a las págs. 113-114; Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR, 194, 202 (1987); Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 DPR 791, 795 (1973).

De la misma forma, viendo a que las agencias administrativas como el Departamento de Educación ejercen una función adjudicativa en nuestro País, al interferir con los intereses de libertad y propiedad de los individuos, la garantía a un debido proceso de ley se ha hecho extensiva a dichas instrumentalidades. Véase Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010); Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 481 (2002); López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, supra, a la pág. 113

Caratini v. Rodríguez dice que:

En Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, todo ciudadano esta cobijado por el manto protector del debido proceso de ley. Tanto la Constitución de Puerto Rico como la Constitución de Estados Unidos han consagrado el derecho de toda persona a tener un proceso justo y con todas las debidas garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo.[3] Nos enfrentamos a un principio fundamental de alta jerarquía en el que se garantiza que ninguna persona perderá su libertad o propiedad sin la oportunidad de ser oído.[4] Tal derecho nos protege de las posibles arbitrariedades de los sistemas de justicia (énfasis suplido). En Puerto Rico se reconoce el derecho y la protección a un debido proceso de ley en toda actuación en la que el Estado intervenga con un ciudadano particular.[5]

Cuando se priva de salario, empleo o sueldo a un empleado de carrera, el Estado debe establecer unas garantías mínimas para evitar el riesgo de un dictamen erróneo (énfasis suplido).

El Tribunal Supremo (Federal en Cleveland Bd. of Educ. v. Loudermill, 470 U.S. 532 [1985]) determinó que hay que hacer un balance entre los intereses del Estado y los del perjudicado.

“Cleveland Board Of Education v. Loudermill” es tambien citado por el Secretario de Educación en su Carta de Intención de Radicación de Cargos Administrativos  y nos dice:

Ø An essential principle of due process is that a deprivation of life, liberty or property be preceded by notice and opportunity for hearing appropriate to the nature of the case. The pretermination hearing, though necessary, need not be elaborate. “The formality and procedural requisites for hearing can vary, depending upon the importance of the interests involved and the nature of the subsequent proceedings… This principle requires ““some kind of a hearing” prior to the discharge …. Cleveland Bd. of Educ. v. Loudermill, supra, pág. 542

Marchant v. Pennsylvania R.R., 153 U.S. 380, 386 (1894) nos dice que:

Ø Due process requires that the procedures by which laws are applied must be evenhanded, so that individuals are not subjected to the arbitrary exercise of government power.

Nuestro más alto foro se reitera en el caso de Díaz Martínez v. Policía de P.R., 134 D.P.R. 144 (1993), que “de ordinario una vista informal previa reduce los peligros de que un procedimiento de esta índole le prive erróneamente de su interés propietario. Además, en términos del Estado, ‘la concesión de una vista previa promueve su interés de garantizar un servicio público eficaz, excelente, regular y productivo’ ”. Véanse: Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982); Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990).

Como es sabido, el debido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones: sustantiva y procesal.

En su vertiente procesal, el debido proceso de ley garantiza que al verse amenazado y/o afectado derecho de propiedad de una persona– en el caso de un maestro estaríamos hablando de su plaza permanente –  este deberá tener acceso a un proceso justo, equitativo e imparcial.

Específicamente en Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 D.P.R. 215, 220 (1995), nuestro Tribunal Supremo ha explicado que, en su concepción abarcadora, el debido proceso de ley se refiere al “derecho de toda persona a tener un proceso justo y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo”.

Por otro lado, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha señalado que un procedimiento adversativo es el que está mejor diseñado para salvaguardar los derechos individuales contra cualquier acción arbitraria del Estado. Así, se han establecido varios requisitos que el Estado debe satisfacer en todo procedimiento adversativo para cumplir con las exigencias del debido proceso de ley, a saber:

1)    una notificación adecuada del proceso,

2)    un proceso ante un juez imparcial,

3)    una oportunidad razonable de ser oído,

4)    el derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su contra,

5)    tener asistencia de abogado y,

6)    que la decisión se base en el expediente[6]

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 > > EL DERECHO A CONFRONTAR CUANDO MI VIDA ESTA EN JUEGO < <

CROSS EXAMINATION IN ADJUDICATIVE HEARINGS

  1. i) The Federal Administrative Procedure Act provides that a party is entitled to conduct such cross- examination as may be required for a full and true disclosure of the facts

(5 USCS § 556 – https://www.law.cornell.edu/ uscode/text/5/556)

  1. ii) However, the Act mandates only such cross-examination as may be required for a full and true disclosure of the facts. In Central Freight Lines, Inc. v. United States, 669 F.2d 1063 (5th Cir. 1982), the court held that in administrative cases cross-examination is not an absolute right.

iii)    In Cathedral Park Condo. Comm. v. District of Columbia Zoning Comm’n, 743 A.2d 1231, 1250 (D.C. 2000), the court held that the agency, like a trial court, should permit cross examination to explore any matters which tend to contradict, modify, or explain testimony given on direct examination.

  1. iv) The right to cross-examine witnesses under oath is a fundamental right, and cannot be denied, Archem, Inc. v. Simo, 549 N.E.2d 1054 (Ind. Ct. App. 1990).
  2. v) An agency has broad discretion in regulating the nature, scope and duration of cross-examination.[iv] In Fee Plan, Inc. v. Department of Environmental Conservation, 118 A.D.2d 855, 855-856 (N.Y. App. Div. 2d Dep’t 1986), the court held that an administrative law judge has the power to limit the cross-examination of witnesses to avoid irrelevant or unduly repetitious evidence.

4) Just as in criminal and quasi–criminal cases, [Tumey v. Ohio, 273 U.S. 510 (1927); In re Murchison, 349 U.S. 133 (1955)] “an impartial decision maker” is an “essential” right in civil proceedings as well. [Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254, 271 (1970)]

“In almost every setting where important decisions turn on questions of fact, due process requires an opportunity to confront and cross–examine adverse witnesses.” Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254, 269 (1970) . See also ICC v. Louisville & Nashville R.R., 227 U.S. 88, 93–94 (1913) ; Willner v. Committee on Character, 373 U.S. 96, 103–04 (1963) . Cf. Sec. 7(c) of the Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. Sec. 556 (d).

Where the “evidence consists of the testimony of individuals whose memory might be faulty or who, in fact, might be perjurers or persons motivated by malice, vindictiveness, intolerance, prejudice, or jealously,” the individual’s right to show that it is untrue depends on the rights of confrontation and cross–examination. “This Court has been zealous to protect these rights from erosion. [p.1744] It has spoken out not only in criminal cases…but also in all types of cases where administrative…actions were under scrutiny.” Greene v. McElroy, 360 U.S. 474, 496–97 (1959) . But see Richardson v. Perales, 402 U.S. 389 (1971) (where authors of documentary evidence are known to petitioner and he did not subpoena them, he may not complain that agency relied on that evidence). Cf. Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 343–45 (1976).

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Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 96 S.Ct. 893, 47 L.Ed.2d 18 (1976) has an analytical technique for determining the necessary level of due process required for administrative hearings. The Mathews balancing test:

What private interest will be affected?

What is the risk of erroneous deprivation of the identified private interest?

What is the cost to the agency in time, resources and money for additional procedural protection?

“The neutrality requirement helps to guarantee that life, liberty, or property will not be taken on the basis of an erroneous or distorted conception of the facts or the law. . . . At the same time, it preserves both the appearance and reality of fairness . . . by ensuring that no person will be deprived of his interests in the absence of a proceeding in which he may present his case with assurance that the arbiter is not predisposed to find against him.” [Marshall v. Jerrico, 446 U.S. 238, 242 (1980) ; Schweiker v. McClure, 456 U.S. 188, 195 (1982)]

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PREGUNTA:

¿EL INVESTIGADOR HIZO PREGUNTAS SUGESTIVAS A LOS ESTUDIANTES ENTREVISTADOS?

ENTONCES PODEMOS EMPEZAR A CONTRAINTERROGAR ESTUDIANTES

1) Si el estudiante cae en contradicciones importantes o versiones increíbles o exageradas que son imposibles de creer, quedaría impugnado por su propio testimonio

2) El estudiante puede ser impugnado por su incapacidad para recordar hechos importantes o porque recurre con frecuencia al no recuerdo.

3) El estudiante puede ser impugnado por la existencia de cualquier prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad: La parcialidad es una forma eficaz para impugnar la credibilidad de un estudiante ya que cuando se demuestra que el testigo esta parcializado puede razonablemente inferirse que no está diciendo la verdad.

4) Cualquier declaración anterior que haya hecho un estudiante sirve para impugnarlo si la misma es inconsistente con su actual declaración

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El debido proceso de ley exige que se conceda una audiencia en aquellos casos donde las normas requieren que el despido del empleado sea por una justa causa. Ello no significa que tenga derecho a una vista formal previo al despido, lo único que garantiza el debido proceso de ley es algún tipo de vista antes de proceder a despedir a un empleado. Al determinar si se cumplió con el debido proceso de ley, el foro judicial establecerá un balance entre el interés del empleado público de retener su empleo y no ser despedido sin una oportunidad de ser oído, y los intereses y prerrogativas del Estado de destituir a empleados que considere un riesgo para el buen funcionamiento del gobierno. Para establecer el balance es suficiente con proveerle al empleado; 1) una notificación, por escrito, de los cargos administrativos contra él, 2) una descripción de la prueba que posee el patrono y 3) una oportunidad para que el empleado exprese su versión de lo sucedido. La vista no debe ser compleja, complicada, extensa o formal. No tiene derecho, en esta etapa del proceso, a obtener acceso a la evidencia que motiva a tomar la acción de destitución contemplada.

En esta vista se le provee al querellado la oportunidad de dar su versión de lo sucedido en un ambiente informal. Es el primer escalón procesal en el cual ambas partes expresaran en una manera informal los cargos y posibles defensas que podrán ser utilizadas posteriormente ante el foro apelativo correspondiente. A menos que la ley orgánica o el reglamento de la agencia conceda mayores garantías procésales, la vista informal no establecerá procedimientos de descubrimiento de prueba, ni vistas adversativas formales, ni concederá al empleado el derecho a confrontar toda la prueba en su contra. <<<<<<<<<

 

next…

Una vez el maestro solicita la vista administrativa informal, según la Sección 16.02, inciso (1) de nuestro convenio, se coordinara la INSPECCION de la prueba previo a la fecha de la vista. En otras palabras, puedes ver, puedes anotar pero no puedes sacar copias.

Una vez culminada la vista administrativa informal, según la Sección 16.02, inciso (4) de nuestro convenio, el Oficial Examinador le emitirá un informe con recomendaciones al Secretario de Educación. Y aquí en este punto el maestro es suspendido o despedido.

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[1] Camacho Huertas v. Compañía Turismo, Op. de 19 de septiembre de 2008, 2008 T.S.P.R. 157, 2008 J.T.S. 177, 174 D.P.R. ___ (2008);  Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 194,210 (1987); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).

[2] Autoridad de los Puertos de Puerto Rico v. Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas (HEO) CC-2009-0635 sentencia del 21 de agosto de 2012.

[3]Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Emda. XIV, Sec. 1, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1

[4] Ver Cruz Viera v. Registrador, 118 D.P.R. 911 (1987).

[5] Véase esc. 3.

[6] Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra, a la pág. 889

Situaciones atendidas por la Unidad de Maltrato Institucional del Departamento de la Familia

Con una nueva seccion al final…

EL MARTILLO DE SUAREZ

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42 FORMAS DE ACUCHILLAR A UN MAESTRO

Situaciones atendidas por la Unidad de Maltrato Institucional del Departamento de la Familia
1. No supervisar a los estudiantes en horas de clase
a. ¿Qué significa esto?

2. No supervisar a los estudiantes en actividades de enriquecimiento curricular, actividades deportivas y culturales
a. ¿Qué significa esto?

3. Despachar antes de tiempo a los estudiantes, aumentando el riesgo de accidentes.
a. ¿Según el reloj de quién?

4. Gritar a los niños.
a. ¿Cuál es el volumen apropiado?

5. Ridiculizarlos.
a. Si “ridiculizar” es poner de manifiesto los defectos y manías de un estudiante para que este corrija su conducta, entonces cualquier intervención disciplinaria podría ser interpretada como “ridiculizar”

6. No atender sus quejas y canalizarlas
a. ¿Cómo se prueba esto?

7. No llamar a padres o encargados en caso de accidentes
a. Se supone que sea la oficina que llame

8. Dejar a los…

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PORQUE NECESITO SER COMO SOY

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PORQUE NECESITO SER COMO SOY

por Efrain Suarez Arce

He escrito artículos como “La Oscuridad del Pánico Moral y La Cacería de Maestros”[1] y sobre los casos de los compañeros Miguel Santana[2], William Sauri[3] y de Dora Alves[4] precisamente porque a diferencia de otros que guardan silencio y mantienen la distancia – facilitando así estos atropellos por parte de otros adultos que tienen sus propias motivaciones – yo me identifico con las situaciones y el sufrimiento de estas personas.  Eso se llama empatía y es un efecto secundario de mi intelecto y de las duras lecciones que he tenido que aprender como maestro. Antes de me señalen por mi arrogancia intelectual permíteme aclarar algo.

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Yo le digo a la gente que si Papa Dios me dio unos conocimientos y unas habilidades entonces yo tengo una obligación moral como persona pensante a usar estos conocimientos y habilidades para ayudar a otros. Yo defiendo enérgicamente a todo maestro que yo me encuentre no porque es más fácil, lo hago porque es lo correcto y lo hago de frente y sin temor a absolutamente nada. Lo hago porque SIENTO algo cuando estas personas se me acercan. En todo caso lo que quiero es adquirir más conocimientos y más habilidades para ayudar a otros maestros a hacerle frente a directores y administradores maquiavélicos, una unión escurridiza, maquiavélica y doble cara[5] y padres bravucones y buscapleitos.

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[1] https://suarezepr68.wordpress.com/2017/02/26/fifty-shades-of-teacher-la-oscuridad-del-panico-moral-y-la-caceria-de-maestros/

[2] https://suarezepr68.wordpress.com/2017/03/08/profesor-miguel-santana-inocente/

[3] https://suarezepr68.wordpress.com/2017/08/16/maestro-sauri-inocente/

[4] https://suarezepr68.wordpress.com/2017/05/18/el-calvario-de-la-profesora-alves/

[5] https://suarezepr68.wordpress.com/2017/11/09/como-clavar-a-un-maestro-en-puerto-rico/

UN MAESTRO LANZADO A LOS LEONES

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UN MAESTRO LANZADO A LOS LEONES

por Efrain Suarez Arce

 

Maestros masoquistas, sometidos, arrodillados, cobardes, traidores y bochinchosos… Comienza un nuevo año y yo les deseo que sea de muchas bendiciones, alegrías, amor, felicidad y muchas sorpresas bellas para sus vidas. Y entonces espero que de la noche a la mañana los lancen a los leones y lo pierdan todo como a los compañeros maestros que han victimizado (mike drop)                 Efraín Suárez-Arce

 

Un maestro fue destituido de su puesto permanente en una Escuela Especializada en el Distrito Escolar de Humacao mediante una carta del 21 de diciembre de 2016.

 

La Oficina de Investigación de Querellas Administrativas del Departamento de Educación rindió un informe que consiste en una colección de relatos estrambóticos, exagerados y poco creíbles de unos supuestos y alegados acontecimientos que indican que durante los años escolares 2011-2012 y 2013-2014 este maestro:

 

1)    Utilizaba su computadora y celular durante el horario de clases para utilizar la red social Facebook y dejaba de ofrecer la clase a los estudiantes.

 

2)    Abandonaba el salón y deja a los estudiantes solos hasta por una hora, lo que ocasiona que surjan accidentes ante la falta de supervisión.

 

3)    Se refería a sus estudiantes con palabras soeces tales como: “pendejos”, “brutos”, “idiotas”, “estúpidos”, “coño” y “cabroncitos.”

 

4)    Usaba sobrenombres y expresiones ofensivas para dirigirse a una estudiante  tales como: ‘bruta”, “cafre” y “que no llegará a nada como artista”.

 

5)    Se refirió a una estudiante como “gorda” y que necesitaba ir al “gym”.

 

6)    Les decía a sus estudiantes que no eran artistas, que sus trabajos eran porquerías, que algún día estaría sobre ellos y que les haría daño: esto los ha desmotivado y afectado emocionalmente.

 

7)    Se refirió a una estudiante como “macha” porque se encontraba sentada con unos estudiantes varones.

 

La vista administrativa informal en el caso se efectuó en junio de 2016. El Oficial Examinador – quien es contratado por el mismo patrono que pretende despedir al maestro – presidió la vista y rindió un informe donde le recomienda al entonces Secretario de Educación continuar con los procedimientos disciplinarios en su contra.

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PERO…

 

Pero eso NO es la historia completa ni explica el como un maestro permanente puede ser destituido con una colección de cuentos fabricados y una vista informal donde no se establecen procedimientos de descubrimiento de prueba, ni se permiten vistas adversativas formales, ni concede al maestro el poder confrontar la prueba en su contra ni citar ni contrainterrogar ni confrontar los testimonios en su contra.

 

Ni tan siquiera te quieren dar copia de la prueba previa a la fecha de la vista. ¿Por qué? Porque nuestro Convenio Colectivo en su Sección 16.02, inciso (1) dice que se coordinara la INSPECCION de la prueba previo a la fecha de la vista. En otras palabras, puedes ver, puedes anotar pero no puedes sacar copias.

 

Esto porque la Asociación de Maestros junto con Cancio, Nadal, Rivera & Díaz negociaron un Convenio Colectivo donde entre otras cosas se eliminó el derecho del maestro de que se le supla con anterioridad a la celebración de la vista informal copia de toda la evidencia que tiene. Esto estaba en el Artículo 22 del Reglamento 5733 de Procedimientos Adjudicativos Formales de 1997.

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OH CLARO, ASI ES UN MAMEY. TODA ALEGACIÓN ES INCONTROVERTIBLE SIEMPRE Y CUANDO NO SE PERMITE AL ACUSADO CUESTIONAR, CONFRONTAR O IMPUGNAR.

 

Para leer sobre el como la Asociación de Maestros junto con sus abogados en Cancio, Nadal, Rivera & Díaz negociaron un Convenio Colectivo eliminando los pocos derechos que tenían los maestros (bajo el Reglamento 5733 de Procedimientos Adjudicativos Formales de 1997) con el Articulo XVI, “Procedimientos Disciplinarios” busca mi artículo,   “COMO CLAVAR A UN MAESTRO EN PUERTO RICO

https://suarezepr68.wordpress.com/2017/11/09/como-clavar-a-un-maestro-en-puerto-rico/

 

AHORA DE REGRESO A LA HISTORIA…

 

Un maestro cae en una escuela especializada por ser excedente en otra escuela. Por ser defensor de las bellas artes y por participar de una investigación que le hicieron al director (donde termino suspendido por un año), terminé convirtiéndose en una figura odiada. Mientras que la División Legal del DE llama al maestro para declarar y añadir querellas que acompañaran las que yo había hecho contra el Director, el director ya estaba montando un caso contra el maestro.

 

El primer caso presentado contra el Director salió con fundamento en la División de Maltrato Institucional del Departamento de la Familia pero NO en la División Legal del Departamento de Educación. El segundo caso creado contra el Director Escolar al regresar de sus doce meses de suspensión salió con causa tanto por el DF como el DE. Los estudiantes alegaron que hasta les hablaba palabras soeces.

 

Y eso fue solo el principio…

 

1.       estudiantes encerrados en un salón para ser orientados por el Director Escolar.

 

2.       Padres incitados para hacer querellas.

 

3.       Estudiantes sin autorización firmando papeles en blanco que luego llevaron al distrito con una carta que ellos nunca vieron.

 

4.       Madre amiga del Director hostigando al maestro día tras día en y fuera de la escuela.

 

5.       Estudiante menor de edad hablando en la radio local sin autorización de sus padres acompañada de la misma madre ensañada conmigo.

 

6.       Cartas del Departamento de la Familia para autorizar entrevistas entregadas por el director a estudiantes escogidos por él.

 

Cuando se hace un referido de maltrato institucional en una escuela contra un maestro, la Unidad de Investigación de Querellas Administrativas del Departamento de Educación pone mucho empeño en contactar con el mayor número posible de estudiantes y ex estudiantes a quienes el maestro les ha dado clases para así acumular suficientes alegaciones para justificar la formulación de cargos administrativos

wp-1472500995247Esto se llama “PESCA DE ARRASTRE”. Este término viene de la industria pesquera, donde una red de arrastre recoge pescado indiscriminadamente del fondo del océano.

 

La ética de esta práctica es altamente cuestionable, especialmente cuando vemos que el que provee estos nombres a menudo es precisamente el estudiante que ha presentado las alegaciones iniciales contra el maestro o el Director que quiere ver el maestro despedido. El problema principal de la pesca de arrastre tal como se realiza actualmente es que no es regulado ni supervisado y está casi hecho a medida para generar alegaciones falsas.

 

La Unidad de Investigación de Querellas Administrativas del Departamento de Educación se enfoca en cosas como conducta “impropia”, maltrato institucional, “incompetencia en el desempeño de funciones”, ausentismo crónico, entre otros.

 

Ellos son, sin lugar a duda, los “Dominis Canis” del Departamento de Educación. Por eso ellos solo dan consultas a padres y a personal de supervisión.

 

La negación  y la indignación del maestro acusado es vista generalmente como una confirmación de culpabilidad y sólo sirve para justificar la decisión original de acumular alegaciones para justificar la formulación de cargos administrativos. Esto hace imposible que los que son realmente inocentes logren convencer a los que investigan que no son culpables.

 

En mi artículo, LLUVIA DE ESPADAS: ACUSACIONES FALSAS Y MALICIOSAS CONTRA MAESTROS (https://suarezepr68.wordpress.com/2017/03/08/lluvia-de-espadas-acusaciones-falsas-y-maliciosas-contra-maestros/) yo hablo sobre las  acusaciones maliciosas y falsas que se hacen contra maestros y sus consecuencias

 

Como siempre gracias por su apoyo.

Suarez

 

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EL MARTILLO DE SUAREZ: GREATEST HITS

https://suarezepr68.wordpress.com/2017/11/09/el-martillo-de-suarez-greatest-hits/